Dicen que las prisiones de un Estado son un reflejo de la
sociedad, pero también dicen que el mero hecho de existencia de prisiones ya
denota una amplia degradación de una sociedad y de un sistema socioeconómico
determinado. El nivel del sistema penitenciario del Estado español durante los
últimos años del franquismo era paupérrimo, y durante la Transición siguió
siéndolo. Los funcionarios no solo permitían sino que a la vez potenciaban los
enfrentamientos entre los presos de un penal para que entre ellos también
rigiera la ley del más fuerte y así no hubiera cabida para ningún tipo de
organización ni solidaridad entre ellos. Durante los años ’70 y ’80 existían tres
“estamentos” de presos. El último escalafón y, por ende, el más débil y
vulnerable, lo componían los homosexuales, los jóvenes y los extranjeros –que
en muchos casos no conocían ni el idioma-. Al otro extremo tenemos a los que se
conocían como “cabos de varas”, que no eran más que aquellos presos que
disfrutaban de los favores de los funcionarios ya que los primeros se
encargaban de controlar al resto de presos y dar el “chivatazo” a sus
superiores si algún otro preso no seguía las normas establecidas. Y el tercer
estamento, que por aquella época era muy numeroso, lo componían los presos
políticos, los cuales tenían una fuerte consciencia de su situación como
víctimas de la represión del Estado, gracias a su militancia y a sus lecturas
sobre teoría política comunista, socialista o anarquista. Su condición de
presos políticos les hacía reclamar una serie de demandas y tratos de favor,
muchas veces dejando de lado las reivindicaciones –igualmente necesarias- del
resto de presos sociales, denotando cierto clasismo.
Con la muerte del Generalísimo Franco, saltó la alarma
dentro del ‘mundo’ penitenciario. Los rumores sobre una posible amnistía, y la
demanda de ésta por parte de la población civil en el exterior, provocaron una
gran ansiedad entre la población reclusa y poco a poco empezaron a organizarse.
Pero surgía un problema: Los presos sociales (comunes), que al mismo tiempo se
comenzaban a organizar, se dieron cuenta que esos rumores de amnistía los
dejaba fuera, que no disfrutarían de las mismas oportunidades que sus
compañeros de galería, y los enfrentamientos internos comenzaron a aflorar. A
todo esto había que añadirle que parte de los presos políticos se creían
moralmente superiores por su formación y militancia política, razón por la cual
daban apoyo a la exclusión del preso común de la amnistía. En relación a esta
concepción de la inferioridad de los presos comunes/sociales frente a los
presos políticos hubo excepciones; principalmente los únicos grupos o
colectivos que reclamaban la amnistía para todo preso, ya fuera social o
político, fueron los trotskistas, los anarquistas y ETApm (politiko-militarra).
Y efectivamente ocurrió lo que se esperaba; en julio de 1976 se dio una amplia
amnistía para la mayoría de presos políticos, y los miles de presos sociales
constataron que no se reconocían las causas sociales de su encarcelamiento
(cuarenta años de dictadura e injusticia social), lo cual encendió la mecha
reivindicativa de esta población reclusa y los internos de Carabanchel pasaron
a la acción y dieron inicio al primer amotinamiento el 30 de julio de 1976. Aquel
primer día se ocupó el techo de una de las galerías del penal de Carabanchel.
Así describía la situación un Grupo
Autónomo Libertario: “Ya no aguantábamos
más. Y por si fuera poco, la cosa se caldeó aún más por el menosprecio que los
presos políticos manifestaban hacia nosotros, sobretodo, es curioso, los que iban
a salir amnistiados aquellos próximos días. Total, que diversas veces llegamos
a enfrentarnos físicamente”.
Esta situación, sumada a la violencia de los funcionarios de
las prisiones, fue el germen de la C.O.P.E.L. La coordinadora de presos en
lucha fue impulsada por un grupo de internos de la prisión de Carabanchel en
Otoño de 1976 con unos fines muy claros: Amnistía general, humanización de las
prisiones, depuración de funcionarios torturadores y una reforma de las leyes
penitenciarias. La primera aparición pública de esta nueva organización fue el
motín del 21 de febrero de 1977, pero sus acciones empezaron un mes antes, el
19 de enero de ese mismo año los presos adultos comenzaron una huelga de hambre
como protesta por las palizas de los funcionarios a los menores de edad que se
hacinaban en el reformatorio. Dicha huelga de hambre duró siete días, y el
único resultado que conoció fue una oleada de fuerte represión por parte de los
funcionarios. ¿Qué desencadenó la primera aparición pública el 21 de febrero de
1977? A mediados de ese mismo año comenzaron los “secuestros”. Los traslados
nocturnos conocidos bajo ese nombre por parte de la población reclusa se
produjeron hasta bien entrados los años ’80 y se realizaban de forma ilegal,
sin orden judicial y sin avisar previamente a familias, abogados ni al propio
preso. El destino era siempre el internamiento en los penales más duros del
Estado: Burgos, El Dueso, Ocaña, etc.
Fueron estos “secuestros” los que propiciaron la primera aparición
pública de la C.O.P.E.L. y la hizo saltar a primera página de los medios de
comunicación de tirada nacional. El 21 de febrero de 1977, en el límite de la
desesperación, estalló el motín en la famosa prisión de Carabanchel.
Cuando las instituciones penitenciarias se dieron cuenta de
que habían despertado a la “bestia” no tardaron en aumentar la cruenta
represión y aislamiento de los presos, pero tal cosa no consiguió paliar las
revueltas, sino que las acrecentó. Los motines, las huelgas de hambre y las
“plantadas” (negación colectiva hacia los procedimientos cotidianos de la
prisión) se iban multiplicando cada vez más. Los castigos, las palizas y
torturas, las celdas individuales de castigo no consiguieron detener la
gestación de esta nueva organización. Todo lo contrario, con todo eso, la COPEL
no solo no fue desarticulada, sino que se desarrolló y multiplicó cada vez más.
Al ser trasladados sus hombres más activos por las distintas prisiones del
Estado, la mecha revolucionaria se extendió por todos los grandes penales del
territorio español. Además, los miembros de la C.O.P.E.L. consiguieron crear
una rudimentaria imprenta clandestina hecha a partir de la suela de zapatos de
goma, creando miles de octavillas explicando el porqué de su organización y de
cual eran sus reivindicaciones. Eran las siguientes:
-Amnistía
general.
-Abolición
de las torturas y tratos humillantes
-Alimentación
decente.
-Supresión
de castigos disciplinarios.
-Creación
de visitas íntimas.
-Fin de
la censura en la correspondencia.
-Reforma
del código penal para adecuar las penas a la realidad social.
-Acceso
a la educación y a tener bibliotecas.
-Derecho
a la libertad condicional.
-Redención
de pena por trabajo a todos los presos por igual.
La tercera gran acción de la COPEL en Carabanchel fue
conocida por la prensa como “La batalla de Carabanchel”. El 18 de julio de 1977
ocho presos se amotinaron en el tejado de la prisión mientras que 33 compañeros
más iniciaron el corte de venas general para ser trasladados al hospital. Los
compañeros amotinados en el tejado de la prisión iban vestidos igual, con
pantalón negro y camiseta roja, portaban una gran pancarta con el logo de la
C.O.P.E.L. y se subieron distintas banderas que representaban los distintos
pueblos del Estado español. Y la mecha se prendió; lo que comenzó con ocho
presos subidos en un tejado acabó con ochocientos presos amotinados en los
tejados y con un grito unánime: ¡AMNISTÍA!Tras este hecho se consiguieron unas
cuantas mejoras en el interior de las prisiones, pero sin duda la mejor de
ellas fue conseguir una potente adhesión desde el exterior por parte de
distintos colectivos sociales que comenzaron a reclamar esa ansiada amnistía.
Tras este nuevo año de lucha dentro de las prisiones se comenzaron a recoger
los primeros frutos. Algunos, aunque pocos, funcionarios y médicos tomaban
partido apoyando a la población reclusa, se negaban a usar la fuerza bruta o
incluso presentaban su dimisión para dejar de ser cómplices de esa brutal
política represiva. La situación de las cárceles españolas cada vez más pasaban
a debate de la opinión pública y con la consecución de algunos de sus
objetivos, las relaciones entre los presos se tornaban cada vez más humanadas y
dignas. Las instituciones penitenciarias estaban desbordadas con las olas de
rebeldía que nacían en sus cárceles, y al ver que a mayor represión mayor
combatividad por parte de los presos, a finales de 1977 decidieron introducir
la droga en los centros penitenciarios más combativos para poder aplacar su
lucha.
Una vez entrado el año 1978, concretamente el 14 de marzo,
la lucha daba un vuelco espectacular. Ese día siete presos son torturados
salvajemente con la desgracia de la muerte de uno de ellos, el anarquista
Agustín Rueda Sierra, natural de Sallent (Cataluña). Por mucho que el Estado
hubiera hablado de reformas penitenciarias la represión seguía siendo su
principal respuesta a las demandas de los presos y a sus intentos de fuga. En
un primer momento la dirección penitenciaria de Carabanchel intentó esconder el
caso, pero los abogados se enteraron del asesinato y de las torturas y el
terrible suceso saltó a todo los medios de comunicación. La respuesta externa
–y solidaria- no se hizo esperar: a los cinco días del asesinato de Agustín
Rueda Sierra, el por entonces Director de Instituciones Penitenciarias, Jesús
Haddad, aparecía asesinado a balazos.
“Se ha derramado mucha sangre para tan poca cosecha”, rezaba
la revista Ozono. Al Estado español
se le hacía insoportable la presión tanto interior como exterior, así que
decidió optar por cambiar la estrategia. Se nombró como nuevo Director de
Instituciones Penitenciarias a Carlos García Valdés para que fuera el encargado
de elaborar una nueva Ley Penitenciaria en las que se recogieran las
reivindicaciones de los presos en lucha. El Congreso de los Diputados elaboró
una nueva ley por la cual se prohibían los indultos generales pero se recogían
las reivindicaciones y reformas propuestas por la C.O.P.E.L. Un año después de
la reforma de García Valdés, todo quedó en papel mojado. La reforma consiguió
su verdadero objetivo, la desarticulación de la C.O.P.E.L. por enfrentamiento
entre dos líneas de actuación que surgió en el colectivo: Los que pretendían
seguir luchando y los que querían sentarse a negociar pacíficamente. Tras esa
aparente reforma penitenciaria quedaba la estocada final a los presos más
revolucionarios. El Estado quería cobrarse su última venganza. Muchos de los
miembros más significativos de la COPEL fueron trasladados en 1979 a Herrera de
la Mancha, la nueva cárcel de máxima seguridad. Dicha cárcel fue un centro de
tortura brutal y continua, día tras día. Ahí acabó la C.O.P.E.L., o lo que
quedaba de ella. La Ley General de Penitenciaria aprobada el diciembre de 1979
recogió casi todas las reivindicaciones por las que luchó la Coordinadora de
Presos en Lucha, aunque con el paso de los años muchos de esos derechos han
sido recortados a muchos presos y presas, sobre todo a aquella población
reclusa en régimen F.I.E.S.
Se derramó mucha sangre, quizás demasiada. Muchos presos sufrieron
las torturas, e incluso muchos dieron su vida por la lucha revolucionaria. No
se consiguió la ansiada amnistía general, pero si ciertos derechos muy
importantes como los Vis a Vis, comida en buenas condiciones, libertad
condicional o el acceso a la educación. Pero sin duda una de las victorias más
importantes fue la consecución de ciertas fugas en algunos penales españoles
por parte de muchos presos que no dejaron nunca de intentar escapar de aquellos
centros de tortura y exterminio que fueron –y son- las cárceles, porque como
dijo aquel preso anónimo “en este lugar donde reina la tristeza, no se castiga
el delito sino la pobreza”.
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