Los orígenes de la que, probablemente, sea la mayor conspiración gubernamental de nuestra historia, se sitúan entre el noviembre y el diciembre de 1882. Desde principios de ese año la tensión social había aumentado. Se sucedían las concentraciones en los ayuntamientos de diversos municipios y comenzaban a surgir los primeros disturbios en las calles entre la Guardia Civil y jornaleros. En un primer momento, el gobierno de España intentó paliar la miseria de la clase trabajadora de entonces repartiendo cestas de pan e intensificando las obras públicas (construcción de carreteras, obras ferroviarias, etc.). No obstante, estas medidas ni paliaron la miseria del pueblo ni pararon las protestas de los jornaleros. A todo esto, se les añadió una temporada de mala cosecha, la cual provocó un incremento de los robos a los vendedores de pan y asaltos a cortijos en busca de ganado y alimentos varios.
A partir de este momento se incrementaron las detenciones de jornaleros y las patrullas del Ejército que recorrían los campos aumentaron. Además, la prensa empezó a jugar su papel. Sus páginas se abarrotaron de incendiarios artículos reclamando “mano dura” contra la desestabilización de la “paz social”. Ya se daban los primeros pasos para la aparición ‘estelar’ de una banda de asesinos llamada “La Mano Negra”.
Los primeros crímenes
En diciembre de 1882 las detenciones de jornaleros ya se contaban por centenares. Entonces, sucedió el asesinato de los venteros Núñez. Al día siguiente del crimen fue detenido Juan Galán Rodríguez, al que se le acusó del asesinato por habérsele ordenado una “asociación secreta”. A finales de ese mismo año, la Guardia Civil encontró en medio del campo, debajo de una piedra, el supuesto reglamento de “La Mano Negra”. Hoy está suficientemente demostrado que ese supuesto reglamento no fue más que una burda falsificación creada a partir de un documento incautado a un militante obrero detenido en 1878. Desde entonces circularon varias copias. Todas ellas realizadas por la Guardia Civil a partir de supuestos “originales” nunca vistos.
Durante el primer mes de 1883 se fueron sucediendo las detenciones diarias de jornaleros y obreros en la zona de Jerez. La serranía gaditana fue una de las zonas más castigadas por la represión, hasta tal punto que se hizo popular una copla que decía:
Camino de Grazalema
tan escondío y tan triste,
que ni san Migué lo pasa
sin que un guarida lo registre.
En la localidad de Setenil fueron detenidos la mayoría de militantes del FTRE (Federación de Trabajadores de la Región Española). Quienes se acercaban a la cárcel a dar ayuda a los presos también era detenido, como fue el caso del jornalero Antonio Romero Garrido, preso por llevar un colchón a la presa Isabel Luna, también militante del FTRE. Se retenía la prensa y la correspondencia a los presos desde la misma oficina de Correos. A finales de marzo de 1883 ya eran más de cuatrocientos los campesinos encarcelados y cinco mil el total de obreros que habían pisado alguna prisión. La represión ya no se limitaba a la provincia de Cádiz, sino también a las de Sevilla, Jaén y Málaga.
Paralelamente, la prensa, afín al régimen, seguía publicando terroríficos relatos sobre las supuestas actividades secretas de “La Mano Negra”. A partir de lo que se contaba en la prensa, los diputados de las Cortes Generales comenzaban a pedir una aplicación de la legislación vigente con mayor dureza.
Para que los castigos pudieran ser ejemplares, se debía encontrar asesinatos que atribuir a “La Mano Negra”. A principios de febrero, en un cortijo de Jerez, se encontraron unos restos humanos que podían servir para atribuirlos a algún inocente jornalero. Los “hábiles” interrogatorios del teniente coronel de la Guardia Civil, José Oliver Vidal, consiguieron que varios trabajadores se confesaran autores de la muerte. Además, el juez especial Del Pozo y el fiscal Doménech lograron reunir mucha información sobre las supuestas actividades de las asociaciones obreras y supuestos documentos que la Policía atribuía a “La Mano Negra”.
Los sumarios que se abrieron en los que estaban implicados los supuestos miembros de la organización secreta pasaban los nueve mil folios. Fueron interrogados cientos y cientos de trabajadores, de los cuales doscientos quedaron procesados. Ya todo estaba preparado para que se celebraran los juicios contra “La Mano Negra”, que se celebraron en el Palacio de la Justicia jerezano situado en la Plaza del Arenal.
Los juicios
Desde las instancias judiciales se seleccionaron cuatro sumarios para representar lo que supondría la mayor farsa judicial española, al menos de la época moderna. Los cuatro sumarios fueron los siguientes: “Venta del Empalme” (26 de mayo), “Cortijo de la Parrilla” (5 de junio), “Arcos” (30 de junio) y, por último, el de los “Venteros Núñez” (28 de septiembre). Según diversos historiadores españoles, la causa inmediata del montaje judicial respondía a la posibilidad de que en verano de 1883 se perpetrara una huelga general en todo el campo gaditano, y con tal represión se buscó, pues, golpear al naciente sindicalismo obrero. El sumario del “Cortijo de la Parrilla” fue sin duda el peor, donde más condenados a muerte hubo. Ese año se preveía una gran cosecha y los caciques no iban a consentir perder sus beneficios.
El primer sumario trataba el asesinato, el 2 de abril de 1883, del propietario y tabernero Antonio Vázquez. Los acusados eran cuatro “sospechosos” de pertenecer a “La Mano Negra”. Los cuatro fueron condenados a muerte por garrote vil. Las únicas pruebas que se presentaron en el juicio fueron las confesiones recogidas, bajo torturas, por la Guardia Civil.
El segundo juicio se celebró para juzgar la muerte de Bartolomé Gago Campos. Sin duda alguna, este segundo juicio fue el más famoso de todos por la presencia de grandes irregularidades a la hora de presentar “pruebas” y por el número de condenados. Se detuvieron a 600 personas, acusadas 17, y de estas últimas se condenó a muerte a siete. El juicio se produjo en noviembre de 1882, y las condenas a muerte se perpetraron el 14 de junio de 1884 en la plaza del Mercado de Jerez.
El tercer sumario que celebró su vista fue el referente al “Crimen de Arcos”. Se juzgaba el supuesto asesinato del Guardia Rural Fernando Oliveras que, aunque la autopsia dictaminó que su fallecimiento fue causado por un disparo accidental de su propia escopeta, la Guardia Civil presentó una carta “anónima” que atribuía la muerte a una paliza dada por dos miembros de “La Mano Negra”, Cristóbal Durán Gil y Antonio Jaime Domínguez. Los acusados y muchos de sus familiares, fueron torturados y encarcelados. El 1 de julio de 1883 se hizo pública la sentencia en la que se condenaba a Jaime y a Durán a 17 años y cadena perpetua, respectivamente.
El último juicio era el del sumario del crimen de “Los venteros Núñez”. Se trataba de esclarecer el asesinato de los dueños de una taberna a medio camino entre Jerez yTrabujena. El 3 de diciembre de 1882, cinco individuos asesinaron al propietario, Juan Nuñez, y a su mujer, María Labrador. La cabeza de turco fue el jornalero Juan Galán Rodríguez, al que se le obtuvo la confesión de “pertenecer a una sociedad secreta” bajo terribles torturas. El juez rechazó las declaraciones de más de veinte testigos que negaron cualquier tipo de rencillas entre el acusado y Núñez, y prefirió tomar como válidas las acusaciones de José Almorín, que padecía Síndrome de Down, y del hijo de las víctimas, que tenía cuatro años de edad. El 22 de septiembre de 1883 se dictó la sentencia por la cual Juan Galán era condenado a muerte.
El Gobierno contaba que con tales ejemplares condenas el asociacionismo naciente en España y en concreto en el campo andaluz, se iría reduciendo cada vez más. Tal cosa no fue así, sino todo lo contrario. Ni las detenciones, ni las torturas, ni las condenas a muerte consiguieron detener las acciones reivindicativas y las asociaciones obreras.
Los juicios contra “La Mano Negra” se efectuaron sin la más mínima garantía. Los miles de detenidos por ser sospechosos de pertenecer a esta inexistente asociación fueron apaleados, torturados y hasta asesinados por garrote vil. La instrucción judicial fue tan chapucera que cuando la “Revista de Legislación” reveló los sumarios se vio forzada a prescindir las fechas de algunos documentos para eludir que se pudieran demostrar errores y contradicciones varias. De todos los condenados, ocho de ellos tuvieron que esperar veinte años en prisión para poder ser indultados no sin mantener la pena de destierro por la cual no pudieron acercarse a menos de dos kilómetros y medio de Jerez de la Frontera. Aunque a estos ocho jornaleros no se les aplicó el garrote vil, la realidad es que los mataron en vida, pues la mayor farsa de la historia judicial de España les provocó torturas, humillaciones y veinte años en prisión que nadie nunca más les podría devolver.
“Este interés incesante por imputar a los anarquistas cualquier crimen con el objetivo de deteriorar la imagen del colectivo ha sido constante en la historia de este país”. Juan Madrid, historiador y periodista.
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