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Los 19 cargos franquistas no serán detenidos, tal y como reclama Interpol




La policía no parece tener previsto proceder a la detención de los 19 ex cargos franquistas que desde Argentina han sido reclamados por incurrir en delitos de lesa humanidad y tortura.

Al recibir la orden este miércoles la policía simplemente se limito a trasladarla a la Fiscalía de la Audiencia Nacional pese a que a lo largo de la tarde un portavoz había asegurado, por error, que también habían presentado una alegación ante la Secretaria General de Interpol, con sede en Lyon, en base a una resolución de 2010 de ese organismo que permite paralizar órdenes de arresto relacionadas con delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y de guerra si el país al que pertenece el reclamado protesta. Aunque la policía no ha dado tal paso, tampoco piensa detener a los reclamados por la justicia Argentina.
Siendo esta la única causa abierta en el mundo contra los crímenes del franquismo Intepol Argentina comunico el pasado 4 de noviembre a María Servini de Cubría, la juez que lleva el caso, que había remitido a su oficina en Madrid una comunicación por la cual se solicitaba la detención de los ex ministros José Utrera Molina y Rodolfo Martín Villa y los otros 18 cargos franquistas cuyo arresto y extradición reclama la magistrada.
Sin embargo el Gobierno ya ha comunicado que no cree que la petición de la jueza argentina vaya a prosperar. Así el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha mostrado su confianza de que se denegará la entrega de estos 19 imputados, porque en sus palabras “Estos delitos están prescritos en España” y “Por la ley de Amnistía de 1977”. El ministro ha aprovechado también a recordar que esa fue la manera de actuar, cuando la misma Juez reclamo la extradición de José Antonio Gonzalez Pacheco (Billy el niño) y el ex guardia civil Jesús Muñecas, imputados ambos por torturas y delitos de lesa humanidad. A pesar de que no fueran detenidos si fueron citados en la audiencia nacional y el juez Pablo Ruz les retiró el pasaporte hasta que se resolvió no conceder la extradición a Argentina por considerar prescritos los delitos de que les imputaba Servini.

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