La "ley mordaza" es impuesta en el Congreso.

La mayor parte de la oposición parlamentaria, así como la sociedad y los sindicatos policiales han rechazado esta Ley de Seguridad Ciudadana, que muchos consideran anti-democrática e inspirada en la ley franquista.

La devolución instantánea de los inmigrantes que intenten cruzar las vallas en Melilla y Ceuta es una de las propuestas rechazadas con más fuerza de las que plantea el Partido Popular. Criticada ya por Amnistía Internacional, esta ley limitaría todavía más los derechos de las personas que intentan cruzar la valla.

El diputado de PNV Emilio Olabarria ha afirmado que esta ley le recuerda a la de 1992 ("ley de la patada en la puerta"). Por su parte, Xabier Mikel, de Amaiur, ha considerado que esta Ley define el estado "enfermizo" del Gobierno en su afán por "silenciar la calle". Izquierda Plural, en boca de Ricardo Sixto ha lamentado que es un día "triste para la democracia". La oposición, en masa, se ha comprometido a derogar esta ley en cuanto el Partido Popular pierda el poder.

La Ley propone que las acusaciones pasen directamente a ser sanciones administrativas, reduciendo notablemente el poder judicial en la imposición de las penas. Además, añade que el policía tendrá de su mano la presunción de veracidad, por lo que su testimonio será suficiente para aplicar la sanción. Estas sanciones engloban multas de hasta 30.000 euros por acudir a la paralización de un desahucio o por grabar a un antidisturbio.