Se cumplen 36 años de la aprobación de la constitución de 1978, uno de los pilares del régimen actual. Pero, ¿cuál es la otra cara de esta legislación burguesa? Analicemos algunos de los artículos que no se cumplen.
Artículo VI: "Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos". Una de las demandas más conocidas entre la oposición al régimen es la democratización de los partidos políticos, para terminar con el 'dedismo' dentro de las formaciones.
Artículo XV: "Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes". Amnistía Internacional denuncia la detención de personas en régimen de incomunicación (CIES), casos de torturas policiales, malos tratos a personas inmigrantes en la verja de Melilla y falta de investigaciones respecto estos casos.
Artículo XVI: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal.". La iglesia católica sigue teniendo una serie de privilegios y blindaje fiscal. España se autodefine según la constitución del 78 como un 'estado aconfesional', es decir, un limbo legal en el cual se sigue rozando la confesionalidad católica pero con apariencia laica. Las minorías religiosas del estado español carecen de oportunidades respecto a los católicos, por ejemplo, en la casilla de la declaración de la renta.
Artículo XXVII: "Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes". El proceso de privatización de la educación y el beneficio al sector concertado y religioso ha sido un factor clave en esta reforma de la educación llevada a cabo en esta legislatura marcada por esta crisis cíclica del capital. Más de 30.000 universitarios y universitarias están a punto de tener de dejar los estudios por problemas económicos.
Artículo XXXI: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio". El fraude fiscal en el estado español supone el 23% del producto interior bruto, lo que es aproximadamente el presupuesto sanitario del estado.
Artículo XXXV: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”. Dentro del capitalismo siempre existirá el desempleo. Según los datos de noviembre, el paro supera las 4.512.000 personas. El capital en esta crisis de sobreproducción ha destruido empleo y construido empleo precario y en condiciones de un alto grado de explotación. Los más afectados, los jóvenes, que se ven obligados a vender su fuerza de trabajo en el extranjero.
Artículo XL: ""Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial, realizarán una política orientada al pleno empleo". " El estado español es junto a EE.UU el país donde la desigualdad aumenta más.
Artículo XLI: ""Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente, en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres". Más de la mitad de los y las desempleadas carecen de prestación social alguna, acogiéndose al colchón que supone la familia y los seres más queridos.
Artículo XLII: "El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno". El saldo entre emigrantes y inmigrantes se inclina a favor de los que salen del territorio español. El gobierno español lo oculta tras la movilidad exterior.
Artículo XLIII: "Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto". Según la OCDE España es el país que más ha recortado en sanidad de la UE junto con Grecia.
Artículo XLIV: "Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho". "Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general". El IVA en productos relacionados con la cultura es del 21%. Las inversiones en I+D se han congelado, el centro de investigaciones científicas ha perdido al 15% de su plantilla, que se ve obligada a emigrar.
Artículo XLV: "Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado". Casos como el hundimiento del Prestige han quedado impunes, además de la indiferencia del estado español en la búsqueda de combustibles fósiles en paraísos naturales como las islas canarias.
Artículo XLVII: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación". En los primeros 6 meses de 2014, perdieron su casa 26.549 familias.
Artículo L: "“Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio". Ante el futuro colapso del sistema de pensiones y prevista crisis demográfica, la crisis del capital provoca que 300.000 familias españolas no tengan otro ingreso en casa que el del miembro de la familia que recibe su pensión.
Artículo XCII: "Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos". No se han iniciado procesos plebiscitarios de consulta sobre el futuro de las naciones del estado español, tales como Euskal Herria y Catalunya ni tampoco sobre la forma de estado (monarquía o república).
Artículo CIII: “La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”. Casos de corrupción pan de nuestro de cada día Gürtel, Pokémon, Noos ...
Parece que la constitución que sirvió en la transición del capital del franquismo a la democracia burguesa se queda escueta. Una constitución refrendada por el 88,50% de votantes en 1978 entre un ambiente de miedo e incertidumbre sigue vigente siendo la constitución con más vigencia de la historia de España. No obstante, el estado de bienestar que el régimen del 78 defiende es débil frente al capitalismo financiero europeo, quedando demostrado en la reforma del artículo 115 de la constitución ante la petición de la Troika.
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| Juan Carlos I firmando la constitución de 1978 |
Artículo VI: "Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos". Una de las demandas más conocidas entre la oposición al régimen es la democratización de los partidos políticos, para terminar con el 'dedismo' dentro de las formaciones.
Artículo XV: "Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes". Amnistía Internacional denuncia la detención de personas en régimen de incomunicación (CIES), casos de torturas policiales, malos tratos a personas inmigrantes en la verja de Melilla y falta de investigaciones respecto estos casos.
Artículo XVI: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal.". La iglesia católica sigue teniendo una serie de privilegios y blindaje fiscal. España se autodefine según la constitución del 78 como un 'estado aconfesional', es decir, un limbo legal en el cual se sigue rozando la confesionalidad católica pero con apariencia laica. Las minorías religiosas del estado español carecen de oportunidades respecto a los católicos, por ejemplo, en la casilla de la declaración de la renta.
Artículo XXVII: "Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes". El proceso de privatización de la educación y el beneficio al sector concertado y religioso ha sido un factor clave en esta reforma de la educación llevada a cabo en esta legislatura marcada por esta crisis cíclica del capital. Más de 30.000 universitarios y universitarias están a punto de tener de dejar los estudios por problemas económicos.
Artículo XXXI: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio". El fraude fiscal en el estado español supone el 23% del producto interior bruto, lo que es aproximadamente el presupuesto sanitario del estado.
Artículo XXXV: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”. Dentro del capitalismo siempre existirá el desempleo. Según los datos de noviembre, el paro supera las 4.512.000 personas. El capital en esta crisis de sobreproducción ha destruido empleo y construido empleo precario y en condiciones de un alto grado de explotación. Los más afectados, los jóvenes, que se ven obligados a vender su fuerza de trabajo en el extranjero.
Artículo XL: ""Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial, realizarán una política orientada al pleno empleo". " El estado español es junto a EE.UU el país donde la desigualdad aumenta más.
Artículo XLI: ""Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente, en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres". Más de la mitad de los y las desempleadas carecen de prestación social alguna, acogiéndose al colchón que supone la familia y los seres más queridos.
Artículo XLII: "El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno". El saldo entre emigrantes y inmigrantes se inclina a favor de los que salen del territorio español. El gobierno español lo oculta tras la movilidad exterior.
Artículo XLIII: "Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto". Según la OCDE España es el país que más ha recortado en sanidad de la UE junto con Grecia.
Artículo XLIV: "Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho". "Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general". El IVA en productos relacionados con la cultura es del 21%. Las inversiones en I+D se han congelado, el centro de investigaciones científicas ha perdido al 15% de su plantilla, que se ve obligada a emigrar.
Artículo XLV: "Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado". Casos como el hundimiento del Prestige han quedado impunes, además de la indiferencia del estado español en la búsqueda de combustibles fósiles en paraísos naturales como las islas canarias.
Artículo XLVII: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación". En los primeros 6 meses de 2014, perdieron su casa 26.549 familias.
Artículo L: "“Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio". Ante el futuro colapso del sistema de pensiones y prevista crisis demográfica, la crisis del capital provoca que 300.000 familias españolas no tengan otro ingreso en casa que el del miembro de la familia que recibe su pensión.
Artículo XCII: "Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos". No se han iniciado procesos plebiscitarios de consulta sobre el futuro de las naciones del estado español, tales como Euskal Herria y Catalunya ni tampoco sobre la forma de estado (monarquía o república).
Artículo CIII: “La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”. Casos de corrupción pan de nuestro de cada día Gürtel, Pokémon, Noos ...
Parece que la constitución que sirvió en la transición del capital del franquismo a la democracia burguesa se queda escueta. Una constitución refrendada por el 88,50% de votantes en 1978 entre un ambiente de miedo e incertidumbre sigue vigente siendo la constitución con más vigencia de la historia de España. No obstante, el estado de bienestar que el régimen del 78 defiende es débil frente al capitalismo financiero europeo, quedando demostrado en la reforma del artículo 115 de la constitución ante la petición de la Troika.
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