En estos días los expertos designados por el Ministerio de Presidencia están elaborando el II Plan de Derechos Humanos. Los cuales alertan de algunas irregularidades en el sistema de seguridad ciudadana.
Los expertos dirigidos por el profesor de la Universidad de Valladolid Fernando Rey, recopilaron numerosos informes del Defensor del Pueblo, Amnistía Internacional, la propia Secretaría de Estado de Estudios Penitenciarios y Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), entre otros organismos, para argumentar su propuesta.
Principalmente dichos expertos denuncian 3 aspectos fundamentales:
- El régimen FIES o también denominado "la cárcel de la cárcel" como uno de los elementos más represivos de el actual ordenamiento penitenciario. El cual consiste en incomunicar al recluso de cualquier contacto exterior (cartas, móviles o visitas) durante tiempo ilimitado y en el cual solo puede salir de el calabozo durante 1 hora al día y siempre solo. Aunque existen 5 grupos y depende de la institución penitenciaria correspondiente. Contra este tipo de prácticas ya se manifestó en noviembre del 2002 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su Informe del Comité contra la tortura. Aun así sigue siendo comunes este tipo de prácticas dentro de nuestras instituciones penitenciarias.
- La persistencia de las llamadas "redadas racistas"
- El abuso de la fuerza por parte de las Unidades de Intervención policial en algunas manifestaciones.
Por otro lado, el informe hace referencia a "humillantes" redadas racistas que se producen continuamente en el estado español. Esto es, las identificaciones policiales de personas que, por su color de piel, son sospechosas de inmigrantes irregulares; algo que el comité denomina "controles de identidad discriminatorios". También afirman que "en un país multicultural como España la policía puede parar a alguien que no parezca español hasta cuatro veces al día."
Asimismo, recuerda que "el comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial instó a España a poner fin a estos controles".
Otro elemento a destacar del informe que el gobierno de Mariano Rajoy no quiere publicar es la sobre capacidad y el tratamiento que reciben los inmigrantes en los Centros de Internamientos de Extranjeros (CIEs). Denunciado en múltiples ocasiones por Human Right Watch o SOS racismo, entre otras organizaciones.
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