La empresa ACS, presidida entre otras personas por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha cobrado 1350 millones de euros en concepto de indemnización y compensación por la paralización de Castor fijada en la reunión del Consejo de Ministros.
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| Las instalaciones en las costas de Castellón. |
El Proyecto Castor se constituyó como medio estratégico para albergar el gas natural equivalente a 17 días del consumo total de España empezó en mayo del año 2012 es propiedad de la empresa Escal UGS (participa en un 66,6% la empresa ACS) es la construcción de uno de los almacenes de gas más grandes del mundo, situado en el subsuelo del Mediterráneo cerca de las costas de Castellón. La construcción se paralizó en el pasado mes de septiembre por detectarse más de medio millar de seísmos provocados por la construcción del mismo. Aunque muchos profesionales y expertos no lo aconsejaran en su día por la serie de consecuencias que se han puesto de manifiesto hasta que se decidió cerrar las instalaciones sin haber hecho funcionar las instalaciones para los fines para los que se había constituido.
Actualmente la administración de la instalación es llevada por la empresa Enagas Transporte, la cual ha sido designada por el propio gobierno del Estado Español para encargarse del mantenimiento y del pago de las indemnizaciones.
Dichas indemnizaciones fueron aprobadas escasamente un mes por el Consejo de Ministros a través del Real Decreto "Florentino Pérez" o también llamado Real Decreto ley 13/2014 que regula y le garantiza una indemnización a la empresa ACS de 1350 millones de euros. Poniendo una vez mas por delante el gobierno del Partido Popular los intereses de los empresarios a los de la ciudadanía, siendo esta última la gran perjudicada al tener que pagar una deuda creada por las negligencias y el afán sin limites de lucro de unos pocos.
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| Carlos Fabra en una reunión con uno de los empresarios del Proyecto Castor. |
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha asegurado que "una vez más los consumidores son los que finalmente tienen que hacer frente a la mala gestión de sus gobernantes". También ha afirmado que "se socializan las pérdidas de un proyecto claramente perjudicial para el interés público, y que en el caso de haber exito habría favorecido fundamentalmente al interés privado". Se pide una vez más la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía de manera que unas personas no la pueden alterar o decidir lo más básico de una persona como puede ser la calefacción.
También se han unido a la crítica varias plataformas civiles y ONGs como la Alianza contra la pobreza energética, la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Sénia y la Plataforma por un nuevo Modelo Energético, así como el partido ecologista Equo, los cuales han firmado un manifiesto para impugnar el Real Decreto ante el Tribunal Constitucional. Estas organizaciones hacen un llamamiento a la desmantelación de las instalaciones y a la desobediencia del pago que podría ascender a más de 4700 millones de euros y que va a repercutir en la tarifa de los usuarios del gas durante al menos 30 años.
La Generalitat de Catalunya se ha unido y ha denunciado los hechos ante la Comisión Europea.
"Sin darnos cuenta, sin decidirlo, pasamos de tener una economía de mercado a ser una sociedad de mercado" Michael Sandel.
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