El partido tiene diez días para depositar una fianza de 1,2 millones. El juez de la Audiencia Nacional acusa al extesorero Bárcenas de integrar una organización criminal.
José de la Mata, magistrado que heredó de Pablo Ruz el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, ha añadido nuevas acusaciones al sumario correspondiente al caso, en un acta de 102 páginas las mismas: organización criminal, asociación ilícita, delito electoral, tráfico de influencias, falsedad contable, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública.
De esta forma ha abierto juicio oral contra los ex tesoreros del PP, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, y su ex gerente Cristóbal Páez, pero no serán los únicos que acudirán a sentarse en el banquillo, también están llamados a compadecer Gonzalo Urquijo, Belén García y Laura Montero, socios del estudio de arquitectura Unifica, que realizó las obras de reforma de la sede del PP, en la calle Génova en Madrid. Así mismo, también abrirá juicio oral contra dicho estudio y contra el Partido Popular como responsable civil subsidiario con una fianza de 1,2 millones de euros que deriva de la cantidad de 220.000 euros que habría dejado de ingresar ante la Hacienda Pública por el impuesto de sociedades de 2008 y algo más de un millón de euros por el impuesto de sociedades de 2007 de la nombrada empresa encargada de las obras.
Parte del dinero de la contabilidad paralela de la denominada “Caja B” del Partido Popular habría sido destinada a sobresueldos de personalidades y cargos del partido, como podrían ser, según los indicios investigados, el presidente del Senado, Pío García Escudero, o al entonces consejero navarro de Salud, Calixto Ayesa, que percibió 16.200 euros como compensación por dedicarse a la política y dejar su trabajo de dermatólogo. Dichos pagos fueron aceptados por los involucrados, siendo añadidos a las contabilidades correspondientes a ayudas a víctimas del terrorismo y a la Fundación Humanismo y Democracia, a fin de dar veracidad a los papeles de Bárcenas, que, sin embargo, no han podido acreditar las entregas trimestrales y semestrales de dinero de dicha Caja B a los sucesivos secretarios y vicesecretarios generales del PP, entre ellos el actual presidente Mariano Rajoy, o los exministros populares Javier Arenas, Francisco Álvarez-Cascos o Ángel Acebes (según los dos años de investigación), que como cabría esperar, niegan haber percibido dichas cantidades.
Para los imputados, establece una fianza que varía entre 9 millones de euros de Bárcenas y Lapuerta y los 6,1 millones para el arquitecto Gonzalo Urquijo y la empleada Belén García. Al sexto de los acusados, Laura Montero, le impone una fianza de 7,4 millones de euros. Estas cantidades incluyen el concepto de multa, la responsabilidad civil y el tercio que establece la ley.
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