Como en los demás ámbitos de la vida política, económica y
social, la Justicia también experimentó importantes transformaciones durante la
revolución social española. En la vorágine revolucionaria acaecida a partir del
19 de julio de 1936, tras el fallido golpe de Estado, se produjeron varios episodios represivos
totalmente deleznables por camarillas de “incontrolados” que se tomaron la justicia por su mano, incluso desde instituciones
como la Consejería de Orden Público de Madrid. Estas situaciones de venganza
incontrolada solían responder a viejos conflictos entre muchos individuos con
su antiguo patrón o cura del pueblo. A diferencia del bando sublevado, tanto el
bando republicano como el anarquista buscaron desde un primer momento poner
cerco a estas tropelías, y como en muchos otros ámbitos Cataluña fue la
pionera, también lo fue en esto. Fue en la ciudad de Barcelona donde se creó la
Oficina Jurídica con un presidente que no pasó desapercibido. Ese hombre fue
Eduardo Barriobero Herrán.En julio de 1936, tras abortar el Golpe de Estado en toda Cataluña, la administración de justicia quedó colapsada, al igual que ocurrió con las demás instituciones políticas del Estado español y de la autonomía catalana. Crear de la nada una justicia proletaria no era tarea fácil. Dicha tarea se dividía principalmente en dos partes: primero, depurar a todos los miembros de la antigua administración que, aunque republicana, no dejaba de ser burguesa.La segunda parte era la más difícil: la construcción de esta nueva justicia. El nuevo órgano judicial nació el 17 de agosto de 1936, y su vida fue muy corta. Tan solo duró tres meses. Las primeras medidas adoptadas por la nueva justicia revolucionaria fueron las de analizar todos los sumarios judiciales abiertos para eliminar aquellos que tuvieran motivación política o social, y percatarse de las fianzas impuestas para que quienes las debieran las hicieran efectivas. Tres fueron los pilares básicos que marcó Barriobero para el nuevo órgano revolucionario: rapidez, imperio y carácter social. El primero suponía la eliminación de la mayoría de trámites que lo ralentizaban. El segundo significaba la gratuidad total de la justicia. Y por último, el tercero, significaba reparar los desmanes de la justicia burguesa, oficializar nuevos procedimientos y crear una nueva legalidad. El objetivo final de estos tres pilares era la de crear una justicia con la que el pueblo se sintiera identificado y que olvidara así la anterior justicia republicana liberal que tantas injusticias habría provocado y que actuaba de espaldas al pueblo.
Las actuaciones “sociales” de la Oficina Jurídica le fueron
creando enemigos. Desde los que veían afectados sus bolsillos por las
resoluciones judiciales, hasta los que eran imputados por actuaciones
“anti-obreras”. En el primer aspecto estuvo el caso de las aseguradoras que
habían cobrado cantidades abusivas a las familias alquiladas. En el segundo, algunos dirigentes de E.R.C. que tuvieron una
fuerte relaciones con el Sindicato Libre antes del fallido Golpe de Estado. La
oposición de las aseguradoras extranjeras y los partidos socialdemócratas
catalanes acabó provocando el cierre de la Oficina y el procesamiento de
Eduardo Barriobero “por evasión de divisas y apropiación de caudales”.
Fue el mítico Andreu Nin, Consejero de Justicia de la
Generalitat desde septiembre de 1936, quien más implicado estuvo en la
supresión de la Oficina. La mayor parte del movimiento anarquista y sindical
del momento consideró este suceso como un gran paso atrás en las conquistas
revolucionarias del “corto verano de la anarquía” y significando otro eslabón
en la recomposición del Estado.
El procesode Barriobero
Tras el cierre de la Oficina Jurídica, sus distintos
miembros fueron enviados a distintos departamentos como la Dirección General de
Prisiones o las fiscalías de los Tribunales Populares. Eduardo Barriobero fue
propuesto por Juan García Oliver como Fiscal General del Estado, pero tal
nombramiento apenas duró un par de horas, pues Manuel Azaña, tras las presiones
de E.R.C., impidió que Barriobero ocupara su nuevo cargo. Eduardo permaneció en Barcelona actuando como
abogado de la C.N.T. Problemas empezaron a surgirlw a partir de finales de mayo
de 1937: Primero,el consejero de justicia catalana Pedro Bosch Gimpera y su
subsecretario Eduardo Ragasolle pusieron en su punto de mira y primeramente
intentaron acusarlo de atentado terrorista contra Josep Andreu Abelló,
presidente del Tribunal de Casación.Debidoa la falta de pruebas –y la poca
credibilidad de tal acusación- la principal acusación contra el abogado
cenetista fue la de evasión de capitales y joyas. Desde un primer momento se le
retiró el parlamento por riesgo de fuga. Por asuntos de una testamentaría,
envió a uno de sus compañeros de trabajo a Francia a realizar unos pagos. Este
hecho fue el que desencadenó una denuncia por haber depositado unas joyas en
una caja de seguridad del Banco de Lyon (CreditLyonnais). Barriobero fue
encarcelado inmediatamente e incomunicado en las dependencias de la Jefatura de
la Policía en la por entonces Vía Durruti, hoy llamada Vía Layetana. Estuvo
incomunicado durante cuatro semanas, hasta finales de octubre. No se tuvieron
en cuenta sus declaraciones donde aseguraba firmemente que el dinero y joyas
que había enviado a Francia pertenecían a un testamento que debía entregar a
cuatro herederos. Al mes de permanecer en prisión enfermó gravemente,y al debatirse entre la vida y la muerte fue
trasladado al Hospital de Sant Pau,pero incluso con Barriobero en estado
moribundo sus enemigos políticos no le dejaron descansar. La C.N.T. tuvo que
montar patrullas de control durante diversas noches para evitar que la Guardia
de Asalto se lo llevara del hospital. Finalmente, la vista judicial se celebró
en noviembre de 1938. Se transportó a Eduardo Barriobero hasta el edificio del
Tribunal Supremo en un camión descubierto, fuertemente custodiado, recorriendo
las principales calles de Barcelona, como si un trofeo de caza se tratara.
Durante dieciséis días se celebraron las distintas sesiones
que determinaron finalmente un veredicto de inocencia por unanimidad. No se
pudo demostrar que fuera un evasor de divisas, ya que no había pruebas
concluyentes. Además, Barriobero facilitó una memoria de todas sus actividades
jurídicas relacionadas con el cobro de multas y honorarios. El juicio a Eduardo
Barriobero era un elemento más de la lucha entre el cada vez más recompuesto
poder estatal, representado por ERC-PSUC, dueños del control de la Generalitat
de Cataluña, y el poder revolucionario nacido a partir del 19 de julio de 1936.
Esperando a la muerte
El 24 de diciembre de 1938 el abogado riojano recibió en el
hospital su puesta en libertad,sin embargo, no pudo trasladarse a su casa, a
causa de un fuerte resfriado, por lo cual decidió permanecer en el centro
hospitalario. Para sorpresa suya, le llegaba una nueva notificación policial
donde se le instaba a permanecer en prisión a disposición del Gobernador Civil.
Barriobero no podía entender como se le podía seguir persiguiendo de tal
manera. Asediado por el republicanismo liberal y abandonado por los que habían
sido sus compañeros de revolución. Tanto la CNT como la FAI lo abandonaron a su
suerte, por no enemistarse más aún con la Generalitat, sin tener en cuenta sus
más de treinta años de militancia revolucionaria.
Entrada ya la Guerra Civil, Barcelona había caído bajo
las tropas franquistas, sus enemigos estaban huyendo de España y la ciudad
condal se convirtió en un caos. La madrugada del 26 de enero de 1939 un grupo
de cenetistas que no lo habían olvidado fueron con un coche para ofrecerle
pasar a Francia con ellos. Barriobero rechazó tal ofrecimiento, ya no quería
salir de España voluntariamente. Deberían echarlo por la fuerza. Llegó a tal
punto su situación que se encontró totalmente solo dentro del hospital, junto a
su hijo, y esperando a las tropas franquistas que subían por la Rambla. A la
mañana del día 27 abandonó el Hospital General para hospedarse en casa de un
antiguo amigo suyo. Cinco días después fue nuevamente detenido, esta vez por
las nuevas autoridades franquistas. Un juez militar comenzó a instruir el nuevo
sumario utilizando las mismas acusaciones y pruebas basadas en la documentación
acumulada durante su primer proceso por evasión de divisas y joyas. Finalmente,
el día siete de febrero de 1939 Eduardo Barriobero Herrán fue acusado –y
considerado culpable- de masón, defraudador, federalista, defensor de la CNT y
de responsable de la muerte de un asegurador que se había suicidado por las
multas impuestas por la Oficina Jurídica. La defensa de Barriobero se basó en
que las multas impuestas a los derechistas se destinaban íntegramente al
esfuerzo bélico del bando republicano. Como ya hizo con las autoridades
republicanas, negó rotundamente que tuviera escondidas cantidades ingentes de
joyas y lingotes de oro. Pese a esto, la justicia militar no le creyó y Eduardo
Barriobero Herrán, quien dio su vida –y su fortuna- por la clase trabajadora,
fue fusilado el 14 de febrero de 1939 en el Campo de la Bota. Esta fue la
historia de un revolucionario devorado por la propia
revolución
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