El ejército, un terrateniente más.

Sin duda este tema aún no resuelto en la vida social y política de España es preocupante, además de dar un claro ejemplo de lo atraso que está el país en materia de modernidad de sus tropas y sus injerencias en la vida civil y económica del país.

El ejército se reserva el derecho a declarar cualquier zona como “de interés para la defensa” y de limitar o incluso prohibir los usos de la misma. En muchas ocasiones Defensa declara zonas de interés para la defensa a algunas instalaciones con el objetivo de obtener la exención del pago del IBI y de otros impuestos.

Estas limitaciones condicionan el uso y disfrute de determinados territorios, pero también el tipo de planeamiento, los cultivos realizables, y el propio derecho de posesión o adquisición de los mismos.

El ejército no paga múltiples impuestos municipales y autonómicos que sirven para prestar servicios a la comunidad porque cuenta con un régimen especial de exenciones y de no sujeciones. Esto implica que nos transfieren a todos los demás esta carga inmensa. Tal privilegio alcanza a empresas como Navantia, que se niega a pagar IBI en Ferrol o en Cádiz, a organismos autónomos militares que especulan con la compraventa de terrenos, o a instalaciones y fábricas pertenecientes al Ministerio de Defensa pero de uso no militar, como ocurre en Torrejón, San Fernando, Rota y otros muchos sitios.

Otros servicios estatales como colegios, hospitales o similares tampoco pagan estos impuestos, pero es que no es equiparable a la labor de unos y otros y, por otra parte, el ejército cuenta entre sus exenciones, con las que alcanzan a sus espacios recreativos, clubs sociales, cantinas y otros muchos más que discutibles.

CC.AA y municipios privilegian lo militar con ayudas a la industria de la guerra. Hemos rastreado ayudas comunitarias como subvenciones encubiertas de I+D en las grandes comunidades fabricantes de armas, principalmente Madrid, Andalucía y Galicia. Subvenciones que sirven para la fabricación de los grandes programas de armas que nos han generado una deuda militar cercana a 30.000 mill. de euros y para construir armas destinadas a participar en los más de 70 escenarios de guerra desde tiempos de la transición. Armas que en su 70% se destinan a la venta al exterior. La industria militar, a pesar de ser muy lucrativa para sus dueños, no produce retornos sociales comparables con cualquier otra ni genera el número de puestos de trabajo que cualquier otro sector.

También cuentan con patrocinios institucionales a ferias militares y con infinidad de convenios entre las CCAA y el ejército para dotar de empleabilidad a los militares en lo civil y otros con Ayuntamientos para el traspaso de sus efectivos a las policías locales.

Defensa tiene en venta más de 1.2 millones de m2 de patrimonio por desuso.

Mucho de este patrimonio se consiguió de formas poco claras, mediante donaciones tras la guerra civil, o con expropiaciones a particulares o a instituciones “por interés de la defensa”. Lo lógico sería ahora revirtiera a los municipios o a sus anteriores propietarios, o que se utilice para paliar los problemas actuales de vivienda social, dado que perdió el anterior valor para la defensa. O, cuando menos, que pagase los impuestos de plusvalía correspondientes. La realidad es otra: está exento de impuestos y tiene como objeto hacer caja para el ejército.

Curiosamente el ejército controla 30 espacios naturales, más de 150.000 hectáreas, que usa para fines poco ecológicos y en exclusiva.

Entre ellos se encuentran los contrasentidos de que dentro de un parque natural y reserva de la biosfera, como es el espacio de Bardenas Reales, con unas normas de protección medioambiental especiales, cuenten con un campo de tiro militar desde el que se entrenan los F18 que luego bombardean en diversos países en conflicto.

No se puede olvidar otro de los aspectos más importantes, que es la misoginia y el atraso de la incorporación de la mujer al ejército, una incorporación que trae vejaciones, acoso y fata de respeto a la mujer, y uno de estos ejemplos es el caso de Cantera, que saltó a las portadas el pasado domingo tras la emisión de una entrevista en el programa Salvados, donde la oficial del Ejército de Tierra narraba el acoso laboral sufrido durante años después de que decidiera denunciar un caso de acoso sexual. 

Lozano cuestionará a Morenés acerca de las "medidas va a tomar el Gobierno para prevenir el acoso sexual dentro de las Fuerzas Armadas". La diputada del partido magenta ha logrado conseguir respuestas del Gobierno acerca del caso de la capitán durante años, sin éxito. 

Lozano es autora del libro No, mi general (Obras Diversas) donde la capitán Cantera, que se encuentra de baja médica desde febrero del pasado año, denuncia la "corrupción, el caciquismo y el servilismo" que ha observado y padecido en Las Fuerzas Armadas. 

"No todos somos iguales, como se ha demostrado. No lo somos ante la ley, lo que es lamentable", dice. Cantera se sitúa así en la línea de otro oficial del Ejército de Tierra, el teniente Luis Gonzalo Segura y autor de Un paso al frente (Tropo Editores), donde detalla casos de corrupción y tráfico de influencias en el Ejército. 

Segura, al igual que Cantera, buscó el amparo de la Justicia Militar sin éxito y sufrió las represalias de los mandos. Llegó a ser arrestado preventivamente por el Jefe del Estado Mayor del Ejército y pasando cinco meses en un centro disciplinario militar por "vulnerar la disciplina de las Fuerzas Armadas". 

Sin duda, el ejército, junto con la burguesía y nobleza terrateniente, sigue en primera lista de estructuras socio-económicas anticuadas y anacrónicas que condicionan y obstaculizan el progreso en nuestro país.