A la espera del Supremo tras la apelación de partidarios de la ley, por la decisión del Tribunal Constitucional.
Tras la anulación de la
ley AHA (Anti-homosexuality Act) por el Tribunal
Constitucional de Uganda, parece que ha sido una batalla más ganada
por las organizaciones y activistas LGTBI pero, aunque la ley
aprobada por el presidente Yoweri Museveni haya sido derogada
la homosexualidad así como la defensa de esta y la colaboración
organizaciones o personas del ámbito LGTBI sigue siendo delito
penado con hasta 7 años de prisión.
Según los datos que
Spectrum Uganda ha enviado a la organización Diversitat
LGTBI, la ley AHA seguía la misma línea de la ley Rusa según la
cual, criminaliza y promueve la persecución de la homosexualidad por
la protección de los niños y niñas del país. Cabe destacar que a
su vez, la promoción de la homosexualidad y la ayuda a la
homosexualidad son penadas con cinco y siete años de cárcel
respectivamente.
Al día siguiente de que
Museveni firmase la ley AHA, el diario Red Pepper originario
de Uganda publica una lista con 200 nombres de homosexuales
reconocidos facilitando así su acoso y ataques, tanto físicos
como verbales.
En los datos enviados por Minorias Sexuales de Uganda (SMUG) se encuentran 162 denuncias por conductas homófobas de las cuales, casi un tercio involucraba violencia desde amenazas físicas con riesgo de violencia hasta secuestros o torturas. De estos también se han reportado exámenes anales forzados para confirmar actos de sodomía. Muchos de estos casos también han sufrido la perdida de su hogar, ser repudiados por su familia y en algunos casos quitarse la vida.
En los datos enviados por Minorias Sexuales de Uganda (SMUG) se encuentran 162 denuncias por conductas homófobas de las cuales, casi un tercio involucraba violencia desde amenazas físicas con riesgo de violencia hasta secuestros o torturas. De estos también se han reportado exámenes anales forzados para confirmar actos de sodomía. Muchos de estos casos también han sufrido la perdida de su hogar, ser repudiados por su familia y en algunos casos quitarse la vida.
Además esta ley no
sigue un protocolo de confirmación tras la denuncia, de forma que
las fuerzas del estado africano proceden directamente al arresto del
acusado al recibir la denuncia, violando así el art. 12 de la DUDH. Así pues, a la espera del Supremo los colectivos y activistas LGTBI siguen luchando por la desaparición de la homofobia en el país.
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