En el año 2011 salió a la luz un nuevo caso de corrupción de
forma estructural y deliberada en toda Andalucía, que afecta tanto al PSOE-A
con Manuel Chávez a la cabeza y más tarde con su sucesor Griñán, a sindicatos
como UGT por presunto malversación de fondos públicos, y a grandes empresas
como MercaSevilla.
Este caso de corrupción fue sistemático desde el año 2011
cuando el ex presidente de la Junta, Manuel Chávez, decidió respaldar
económicamente a empresas que hacían de forma continua expedientes de
regulación de empleo, es decir, despedir o prejubilar a sus empleados sin
justificación y de forma masiva.
El escándalo llegó cuando supuestamente dichas partidas de
dinero no estaban dirigidas a empresas que presentaban un ERE si no que eran
destinados a particulares que no tenían constituida ninguna sociedad, como a
sindicatos como el nombrado UGT-A, los cuales a través de dinero público
impartían una serie de servicios que estaban muy por encima de el valor del mercado
o directamente ni se prestaban dichos servicios. Podían ser desde cursos al
desempleado a subvenciones para algún tipo de actividad. También se les imputa
delitos como trafico de influencias o cohecho. Entre el año 2011-2013 se podía
haber desfalcado una cifra que rondea los 120.000 millones de euro.
Desde el año 2012 IU ha reiterado en el Parlamento Andaluz
la creación de un organismo de investigación con el objetivo de esclarecer los
hechos y el destino del dinero de todo el pueblo andaluz. Dicha solicitud ha
sido declinada sistemáticamente denegada por el PSOE por su mayoría absoluta en
la asamblea.
Ahora mismo el caso lo investiga tanto la jueza Mercedes
Alaya en el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla como el Tribunal de
cuentas. En esta fase de instrucción hay ya más de 50 imputados entre
empresarios, cargos públicos y sindicalistas. Como puede ser el reconocido
empresario Ruiz Mateos, el sindicalista Juan Lanzas o la ex ministra de fomento
Magdalena Álvarez ya cesada de su puesto en la Junta.
La jueza Alaya también ha pedido a la fiscalía
anticorrupción que se investigue a los dos últimos presidentes de la Junta, ya
que por su estatus de aforado, no pueden ser juzgados y condenados en un
Tribunal Provincial.
Realmente creo que este caso no puede seguir así, han pasado 3 años ya y aun no se ha llegado al fondo del asunto, la justicia en España es muy lenta y esto se hace mas grabe cuando lo que se juzga es el dinero de las personas de a pie como yo. En conclusión espero que temas como este sirvan de ejemplo para agilizar la justicia española.
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