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Gallardón indulta a un guardia civil que grabó una agresión sexual

Entre los últimos indultos del ministro de justicia Alberto Ruiz-Gallardón se encuentra el de un guardia civil condenado por no impedir una agresión sexual y además grabarla. Este inefable indulto se suma a los más de 800 que se han consumado ya en esta legislatura. Entre ellos narcotraficantes, banqueros y demás individuos que han cometido delitos contra la seguridad pública. 


El guardia civil Manuel Arbesú González fue condenado en 2013, como informa en primicia El BOE nuestro de cada día, por omisión del deber de perseguir delitos, con una pena de seis meses de inhabilitación de empleo o cargo público y el pago de una indemnización de 1000 € a la víctima junto al autor directo de la agresión. El guardia civil, que viajaba en tren con un amigo, no solo no impidió la agresión sexual de éste a una mujer que iba sentada al lado, sino que grabó dicha agresión entre risas. Como se recoge en la sentencia, el compañero de viaje de Arbesú comenzó a lanzar improperios y a realizar tocamientos a la mujer sin que el guardia civil lo impidiese, a esto se suma que golpeó a otra persona que intentó impedirlo, por lo que fue condenado por delito sexual y lesiones.

Resulta que Manuel Arbesú es hijo de un concejal del Partido Popular de un municipio asturiano. Su padre, José Manuel Arbesú Santamaría es además secretario general de la formación en dicho municipio y llevó a cabo una campaña de recogida de firmas para conseguir el indulto de su hijo. El indulto finalmente ha llegado y permite al guardia civil mantener su puesto de funcionario y así poder volver a ejercer en el cuerpo con el único requisito de pagar una anecdótica multa de 500 €. 

Mientras Carlos y Carmen, dos personas que participaron en un piquete durante la huelga general de 2012 se enfrentan a tres años de cárcel por participar en un piquete informativo pacífico, el Gobierno indulta a personas como este guardia civil hijo de un concejal del PP, que fue cómplice de una agresión sexual y que, según informa la sentencia, huyó en dos ocasiones de los agentes que acudieron a esclarecer los hechos.

La triste realidad demuestra que en este país sale más caro defender los derechos de los trabajadores que ser cómplice de la violencia machista.



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